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Carricondo, teniente alcalde de Mariana y vicepresidente de la Diputación de Cuenca se ha defendido de las acusaciones de vecinos de Mariana y grupos ecologistas mostrando la publicación de las bases para el contrato de este arrendamiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con fecha de 21 de diciembre de 2005, lo que acredita que esta empresa ha estado operando ilegalmente desde hace meses.

Esta solución, a posteriori, y cuando el daño está hecho, es digna de políticos chapuceros y mediocres, que no muestran ningún interés por velar por el patrimonio público.

Pero el catálogo de incumplimientos ha ido mucho más allá: de acuerdo al lugar de la extracción, las dimensiones del proyecto y extracciones, se debe valorar la necesidad de realizar con carácter previo Evaluación de Impacto Ambiental e Informe Arqueológico, y para el caso de ser eximidos de dichos informes por la Dirección General de Calidad Ambiental y de Patrimonio y Museos, los informes que ordenen, que usualmente será el de prospección arqueológica.

A la solicitud de autorización en la Delegación de Industria (sección Minas) se debe acompañar un Plan de Extracciones y el Plan de Restauración del Medio, así como un Plan de Labores, designando un director de explotación y afianzando económicamente la obligación de restitución del medio afectado. Además, se debe cumplimentar lo establecido legalmente, en cuanto a la licencia de actividad.

Al tratarse de terrenos no agrarios (monte) titularidad del Ayuntamiento, debe constar la autorización del Servicio de Montes de la Delegación de Medio Ambiente en cuanto a la cubierta vegetal.

Ante el incumplimiento de todo lo anterior, dado que no existe al parecer ningún trámite, la Asociación de Defensa del Patrimonio Natural de Mariana ha denunciado ante el Seprona la existencia de un aprovechamiento de mineral sin autorización administrativa, lo que debe llevar de inmediato a la paralización de la actividad, y apertura de expedientes sancionadores. El órgano competente es la Delegación de Industria, por vulneración de la legislación minera.

Ante la ausencia de habilitación legal para la ocupación de los terrenos de titularidad municipal, el propio Ayuntamiento es competente para su recuperación de oficio y paralización de actividad por falta de licencia de actividad (cantera).

En este sentido, desde Ecologistas en Acción de Cuenca, denunciamos que el Ayuntamiento de Mariana no sólo ha consentido este expolio ilegal del bien público, que es el monte municipal, sino que, más allá de ello, ha acudido de la mano de la empresa a diversos medios de comunicación para defender los intereses de ésta, en lugar de defender los intereses legítimos de todos los habitantes de Mariana.

La Delegación de Medio Ambiente, por su parte, también debería haber actuado frente a la actividad por la afección a la cubierta vegetal, que tampoco tiene cobertura legal. Igualmente, la Delegación de Cultura podía intervenir por la ausencia de prospección arqueológica previa sobre los terrenos.

Frente a este panorama, en el que ninguna Administración cumple su papel de garante del bien público, los ciudadanos no podemos más que mostrar nuestra indefensión y nuestro más profundo rechazo por el hecho de que los gestores públicos trabajen en defensa de intereses privados en lugar de hacerlo por el interés general.

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