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EL CONFLICTO CON LAS EMPRESAS PAPELERAS BOTNIA Y ENCE
Desde Argentina y Uruguay...

Los directivos que fueron presos y tuvieron multas en España hoy están dirigiendo ENCE en Uruguay.

ROMINA PICOLOTTI EXPLICÓ LAS PERSPECTIVAS DEL CONFLICTO CON LAS PAPELERAS BOTNIA Y ENCE

· Si reclamamos ante La Haya podemos lograr el retiro del Banco Mundial.
· Los directivos que fueron presos y tuvieron multas en España hoy están dirigiendo ENCE en Uruguay.
· La instalación de estas plantas provocará severas violaciones de derechos humanos. Ya han habido muchísimas violaciones a la Ley.
· Todos aquellos, personas o entidades, que de alguna manera estén facilitando la instalación de Botnia y ENCE son cómplices de estas violaciones.

Paraná, Entre Ríos, 25 abril 2006 (Prensa Proteger).- Un panel organizado por la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), contó como disertantes al ingeniero Gabriel Moguilner, subsecretario de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de la provincia de Entre Ríos, y a la doctora Romina Picolotti, abogada especialista en Derecho Ambiental, presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA) y representante legal del Gobierno de Entre Ríos y de 39.633 ciudadanos de Gualeguaychú, quien acaba de recibir el Premio Sofía.

Romina Picolotti disertó sobre el derecho humano a un ambiente sano, la protección jurídica del medio ambiente, las normas nacionales e internacionales implicadas en el caso de las pasteras de Fray Bentos, la responsabilidad de las empresas y los reclamos ante tribunales internacionales.

¿Cuál es la estrategia jurídica?
RP: La estrategia jurídica del caso siempre obedeció al objetivo de intentar incrementar los niveles de responsabilidad legal de todas aquellas personas o entidades involucradas en el caso. Por un lado al Estado uruguayo que tiene un grado de responsabilidad importante, por otro lado a las empresas, por otro a los empresarios, por otro a la banca multilateral (el Banco Mundial), a las agencias de exportación de los países involucrados y en último lugar la banca privada.

La instalación de estas plantas provocará severas violaciones de derechos humanos en habitantes de la zona, o por lo menos entre los que habiten la zona de impacto ambiental directa, que según una metodología internacionalmente utilizada es de 50 Km. a la redonda. También va a afectar el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la propiedad, que son todos derechos humanos. Entonces todos aquellos, personas o entidades que de alguna manera estén facilitando la instalación de Botnia y ENCE son cómplices de estas violaciones, cada uno en un grado de complicidad tiene una responsabilidad legal a la que nosotros estamos apuntando.

¿Quienes son los responsables?
RP: El primer responsable es el Estado uruguayo que autoriza estos emprendimientos, pero además están las empresas Botnia y ENCE, el Banco Mundial y algunos bancos privados y agencias que son empresas del Estado de Finlandia y de España.

¿Qué es lo que hemos hecho?
RP: Cada uno de estos actores tiene un marco jurídico aplicable. El Estado uruguayo tiene que respetar el estatuto del río Uruguay, pero también es signatario del Pacto de San José de Costa Rica. Lo único que podemos hacer como ciudadanos con respecto al Estado uruguayo es presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos, y de hecho esto es lo que hicimos en setiembre de 2005.

¿Que pasó con esa denuncia?
RP: La comisión aceptó la denuncia e inmediatamente le solicitó información al Estado uruguayo sobre la contaminación y el impacto sobre los derechos humanos.

El Estado uruguayo contestó, pero no exactamente las preguntas de la comisión y se empezó a generar todo un debate en la Argentina con respecto a que esto era un conflicto bilateral. Y la comisión entiende que como es un conflicto bilateral y no es el Estado argentino quien esta demandando, sino que somos ciudadanos particulares, es una cuestión entre Estados y por lo tanto prefieren no proseguir con el caso. Esto no significa que se retira, sino que lo tiene para el estudio hasta ver cuál va a ser la posición entre los Estados.

¿Qué se hizo respecto de la banca multilateral?
RP: Botnia y ENCE solicitaron a la Corporación Financiera Internacional (CFI) un total de 400 millones de dólares y a la organización multilateral de garantías de inversión (OMGI) una garantía de inversión que va entre 300 y 500 millones de dólares. Es decir en total alrededor de 900 millones de dólares entre créditos y garantías de inversión. El Banco Mundial tiene que responder a ciertos procedimientos internos para dar estos créditos, y la CFI y la OMGI incurrieron en numerosas irregularidades con respecto al cumplimiento de los requisitos, nosotros detectamos esas irregularidades y las denunciamos ante un organismo que creó el mismo Banco Mundial, que es la Ombudsman.

Como consecuencia de esta denuncia, la mano derecha de la Ombudsman vino una vez a la Argentina y ella misma se reunió con todas las partes interesadas, incluyendo los empresarios, e hizo un informe preliminar muy favorable para nosotros, estableciendo que el Banco había violado sus propios procedimientos e hizo una auditoría que es lo máximo que puede hacer la Ombudsman dentro del Banco Mundial.

¿Cuales fueron las consecuencias más importantes de este informe?
RP: El directorio del BM estaba listo para tratar estos créditos en agosto del año pasado, pero al existir esta denuncia el BM cancela esta fecha y se empiezan a generar una serie de procedimientos incluyendo el estudio de impacto ambiental acumulativo transfronterizo. Hoy Botnia y ENCE todavía no han podido acceder a esos 900 millones de dólares, y esto tiene una repercusión muy importante, no sólo con respecto al acceso al dinero, sino por el efecto que esto genera en los mercados. Porque al demorar esta decisión, se está llamando la atención a los bancos privados y a los mercados del mundo, que no ven con ojos favorables a esta indecisión. Mientras más se demore el Banco (BM) más nos conviene a nosotros porque se comienzan a derrumbar las acciones, otros bancos se comienzan a retirar y de hecho es lo que está sucediendo.

¿Y respecto a la banca privada?
RP: Los principales bancos involucrados eran: ING, que representa al banco de Holanda, BBVA que es uno de los bancos mas importantes de España, Caja Madrid, Santander y NORDEA. Algunos de estos bancos también tienen que responder a ciertas políticas operativas del banco, como por ejemplo los Principios de Ecuador; estos compromisos son siempre voluntarios, y representan una presión pública y por primera vez en la historia un organismo denuncia frente a cada uno de los directorios de estos bancos y ante los accionistas, que si estos financian van a tener consecuencias legales y patrimoniales muy importantes, y sobre todo no van a cumplir con los compromisos asumidos, y serán cómplices de violaciones de derechos humanos.

¿Cuales han sido las repercusiones de esas denuncias?
RP: ING anunció que ya no considera financiar a Botnia, quien le había solicitado 480 millones de dolares, ya tenemos 1.380 millones de dólares, entre creditos y garantias de inversion, que hemos logrado retirar y/u obstaculizar. Además bajaron las acciones de Botnia en la bolsa, lo que significa que el riesgo sube, y si el riesgo sube es más caro asegurar y ya no todos quieren asegurar. Esto no significa que estamos parando a las plantas, eso hay que entenderlo también, siempre hay gente en el mundo o instituciones dispuestas a prestar dinero, pero no a la misma tasa y de alguna manera esto juega al final del día con respecto a la intransigencia que ha mostrado Botnia y la soberbia que ha mostrado de no querer dar información y no querer colaborar realmente en la solución del conflicto como pasó hace 15 días cuando se cayó el acuerdo de ambos presidentes.

Con BBVA tenemos una reunión ahora a finales de abril, a esta reunión también está invitada ENCE por el mismo BBVA. También está prevista otra reunión con NORDEA. LA Fundación Sofia, en el anuncio público del premio, solicitó a NORDEA que aclare cuál va a hacer su compromiso con respecto a este caso y al cumplimiento de la legislación de derechos humanos y ambiente.

¿Y con respecto al Estado?
RP: La inversión de Finlandia en Uruguay es la más importante inversión de una companía finlandesa en el extranjero de toda la historia de ese país. Tal es la importancia que hay un tratado de inversión firmado entre Finlandia y Uruguay para garantizar que Uruguay no modifique lo acordado, porque ante cualquier cambio de reglas de juego se presenta una demanda ante el CIADI, que es un tribunal arbitral, estas demandas son por millones de dólares, y donde siempre pierden los Estados porque el criterio del tribunal es, en caso de duda, fallar a favor de la inversión, a favor de la empresa. O sea que cualquier cambio en las reglas del juego, ya sea cambio de lugar, cambio de tecnología, paralicen las obras, cualquiera de estas cosas ya es suficiente para que Uruguay sea llevado ante el CIADI.

La otra agencia involucrada es Finnvera que pertenece al Estado finlandés, Botnia le pidió créditos el año pasado y todavía no se ha expedido. Presentamos una demanda de solicitud de información a Finlandia en virtud de la Convención de Aarthus.

En cuanto a España, están involucrados la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), 51% pertenece al Estado español y el Instituto de Crédito Oficial de España que pertenece 100% al Estado español. La Cancillería española declaró públicamente que se mantenía neutral en este conflicto que era un conflicto bilateral entre dos Estados hermanos de España y que por lo tanto ellos se mantendrían al margen. Pero entonces si España se mantiene neutral sus empresas no pueden estar financiando ENCE, más si consideramos los antecedentes que tiene ENCE en Pontevedra. Como ustedes saben ENCE en Pontevedra fue denunciada penalmente, se ganó ese juicio, dos de sus directivos fueron presos y otros tuvieron que pagar multas por delito ecológico. Los directivos que fueron presos y tuvieron multas hoy están dirigiendo ENCE Uruguay imagínense ustedes. Creemos que si Ence hoy no está construyendo es porque hemos obstaculizado el dinero que preveía recibir.

¿Con respecto a los empresarios?
RP: Ellos están cometiendo un delito en grado de tentativa porque todavía la contaminación no se produjo, pero que esté en grado de tentativa no significa que no sea ilegal y que no sea una infracción penal, simplemente es una pena menor porque no logró consumarlo.

Entonces tenemos denunciados a todos los empresarios, desde el presidente de Botnia para abajo, desde el presidente de ENCE para abajo. Logramos que la fiscal abra la investigación penal, en este momento el juez libró una serie de medidas de prueba, mañana tenemos una audiencia muy importante en la cámara Federal de Entre Ríos en donde se va a discutir el tema urgente. Nosotros hemos planteado dentro de la acción penal una medida urgente para evitar que se ingrese y egrese mercadería por territorio argentino porque creemos que la construcción de las plantas es el elemento idóneo para la consumación del delito y por lo tanto la Justicia Penal tiene la obligación de evitar que se consume. La Justicia Penal admite que los hechos son suficientemente verosímiles como para abrir una investigación penal, es muy alta la probabilidad de delito con grado de tentativa, la justicia penal no puede permanecer espectadora frente a la consumación de un delito. Entendemos que su obligación en este caso es prevenir. Ese es el argumento que nos rechazó el Juez Federal Dr. Quadrini y que ahora estamos apelando en la Cámara. En ese sentido, vamos a estar en Concepción del Uruguay en una audiencia con Quadrini solicitándole una medida de urgencia que oficie a todos los organismos de crédito involucrados que existe una investigación penal abierta. Porque eso también va a tener un impacto en los mercados.

Rumbo a La Haya
RP: Hemos recorrido un largo trayecto diplomático que no ha dado los frutos esperados en cuanto a la resolución del conflicto, pero sí nos ha posicionado muy bien jurídicamente en cuanto a evidenciar todas las violaciones del estado uruguayo. Hemos tenido una reunión en Cancillería hace diez días aproximadamente, en donde el canciller se comprometió a que estaríamos presentando esto ante la Haya la última semana de mayo.

Creo que a la Argentina la asisten dos cosas; en primer lugar la convicción demostrada principalmente por la gente de Gualeguaychú, y en segundo lugar la asiste el derecho y la razón.

Realmente ha habido muchísimas violaciones a la Ley y creemos que en ese sentido nos asiste el Derecho. Plantear el cas ante la Haya puede implicar el retiro del BM; y con el retiro de éste (el BM), el retiro de muchos que vienen atrás. Simplemente porque el Banco no podría estar tomando parte de un conflicto internacional planteado ante La Haya. Sería tomar parte de un litigio internacional entre dos Estados, algo muy complejo, y tanto Uruguay como Argentina son accionistas del Banco. AL\l Banco se le dificultaría mucho salir de esa situación y eso nos favorecería porque implicaría abrir un espacio de negociación real que hasta hoy no ha existido. Lo que más nos favorece a los argentinos y uruguayos en este momento (porque acuérdense que los uruguayos van a ser los más contaminados), es sentarnos con un Tribunal internacional como La Haya en el marco del proceso que sirva como mediador y como garantía del proceso, y salgamos con un acuerdo lo antes posible porque el tiempo en este sentido no está corriendo a nuestro favor.
* Para mayor información sobre los problemas que están ocasionando las empresas papeleras, consultar en... (Enlace...)

Prensa / Comunicación
Leticia Isaurralde / Federico González Brizzio
Telfax: 0342-4558520 / Celular: 0342-155-493082
email: rios.proteger@arnet.com.ar

* A toda la información alojada en Ibérica 2000, sobre las afecciones ambientales de las empresas papeleras... (http://www.iberica2000.org/Es/Busquedas.asp?Palabra=papeleras) (A numerosos artículos...)

>> Autor: albertoflores (28/04/2006)
>> Fuente: proteger.org.ar


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