INFORME SOBRE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Recuperemos Andalucía Verde. (Greenpeace)
Andalucía destaca porque hace tres décadas era precisamente una comunidad autónoma puntera en la protección del medio ambiente, lo que contrasta con la situación actual.
Desde hace años, Greenpeace trabaja en Andalucía en varios casos medioambientales que son especialmente significativos por su gravedad.
En muchos de ellos hemos detectado que existe un factor que hace que la resolución de los conflictos ambientales que generan sea particularmente difícil:
se trata de la falta de compromiso y voluntad del Gobierno andaluz que debe cambiar de actitud urgentemente para desbloquear esta situación.
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Si bien Andalucía no es la única región española que se caracteriza por su mala gestión del medio natural, sí destaca del resto por acoger en su territorio algunos de los casos más preocupantes del país –e incluso de Europa– de destrucción del litoral y del patrimonio natural, así como por sus graves problemas de contaminación. Pero Andalucía también destaca porque hace tres décadas era precisamente una comunidad autónoma puntera en la protección del medio ambiente, lo que contrasta con la situación actual. Greenpeace cree que ya ha llegado el momento de que el Gobierno andaluz revierta sus políticas e impulse un cambio hacia la auténtica sostenibilidad.
Este documento pretende hacer un balance de estos últimos años y del drástico cambio sufrido en la política medioambiental de la Junta de Andalucía, una política que se basa en medidas vacías de contenido y donde predomina el empeño por mostrar una imagen “verde” detrás de la que se esconden algunas realidades como las que recoge el informe.
Los casos que se exponen son ejemplos de graves problemas de contaminación, como los de la bahía de Algeciras, las balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva o la mina de las Cruces de Sevilla; de destrucción del litoral, como el hotel de El Algarrobico, el proyecto del macropuerto de Tarifa o el polígono industrial de Las Aletas; pero también de mala gestión de los montes andaluces, como el caso de destrucción de los alcornocales de El Berrocal, en Huelva.
Pero lamentablemente, estos son sólo algunos ejemplos que demuestran que tras la política de la Junta de Andalucía reside un grave problema de gestión medioambiental y una inaceptable actitud hacia los colectivos sociales, ciudadanos y ecologistas que lo denuncian. Ya se ha terminado el tiempo de las excusas, el Gobierno andaluz lo tiene fácil para cambiar: sólo debe hacer su trabajo y velar por el bien común en lugar de por los intereses particulares, y lo debe hacer ya.
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Evolución de la Administración andaluza de medio ambiente.
En la segunda mitad de la década de 1980 se creó la denominada Agencia de Medio Ambiente en el seno de la Administración andaluza. Se caracterizaba fundamentalmente por la participación de profesionales con alto nivel de cualificación, comprometidos con la necesidad de identificar y solucionar los múltiples problemas ambientales existentes originados por los graves vacíos en materia de protección legal del medio natural de épocas anteriores.
Esta agencia de la Junta de Andalucía inició así su andadura, prácticamente coincidiendo con la incorporación de España a la Unión Europea, que suponía la obligatoriedad de adaptarse, con plazos definidos, a los parámetros europeos establecidos. El organismo tuvo una vida aproximada de ocho años, hasta que, por decisión política, se elevó al rango de Consejería.
Como elemento de apoyo, y dada la carencia de empresas privadas del sector medioambiental, se creó, al final de la década de 1980, la denominada Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) que inicialmente constituía una razonable iniciativa para cubrir las emergentes necesidades de
un mercado que no existía.
Hace poco el Tribunal Supremo ha declarado nulo el Decreto 117/1998 del Consejo de Gobierno de la Junta, que modificaba el Decreto 17/1989 y que autorizaba la constitución de Egmasa, por entender que atribuye a la empresa funciones que corresponden a la Administración1. Los grupos ecologistas andaluces consideran que este Decreto fue el inicio de un proceso de privatización generalizado de competencias y servicios de los Espacios Naturales protegidos, pues Egmasa ha ido externalizando poco a poco sus funciones a otras empresas del sector privado privado.
Un momento clave del deterioro de la gestión andaluza del medio ambiente tuvo lugar en 1998, con la catástrofe ambiental de Aznalcóllar, tras la rotura de una balsa minera cuyo riesgo había sido advertido internamente por varios expertos, con la antelación suficiente como para haber evitado la materialización del desastre, al igual que había sido denunciado durante toda la década anterior al desastre por organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción.
Andalucía destaca porque hace tres décadas era precisamente una comunidad autónoma puntera en la protección del medio ambiente, lo que contrasta con la situación actual.
El Gobierno andaluz lo tiene fácil para cambiar: sólo debe hacer su trabajo y velar por el bien común en lugar de por los intereses particulares.
La Consejería de Medio Ambiente, una institución que debiera luchar, en representación de los ciudadanos, para resolver y evitar los problemas y daños ambientales, parece haberse convertido en la actualidad en un claro exponente de la defensa de intereses vinculados al poder económico y empresarial.
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La gestión del dinero público también queda en entredicho. Recientemente la propia Cámara de Cuentas de Andalucía ha evidenciado las irregularidades de la Junta en la concesión de subvenciones a empresas y otros organismos.
Además, según el informe de esta entidad que analizaba algunas de las subvenciones concedidas, concluía que el 20% de los perceptores analizados habían recibido subvenciones asignadas de forma directa.
En este sentido, la Cámara de Cuentas apunta que la normativa sobre subvenciones y ayudas públicas establece que cuando se tramite una de estas subvenciones “se acreditará la finalidad pública o las razones de interés social o económico, así como la inexistencia de bases reguladoras específicas a las que pueda acogerse”. Además, tiene que existir una razón “de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas”, y que dicha causa o motivo “dificulte su convocatoria pública”.
Sin embargo, la Cámara de Cuentas concluye que “en la práctica totalidad de los expedientes de subvenciones a los que es de aplicación ese artículo, se hace constar una razón o motivo que justifica la concesión directa, pero no se hace constar en los expedientes si dicha razón o motivo dificulta la convocatoria pública”, como exige la legislación. Mientras tanto, los agentes sociales tienen que recurrir a instituciones externas al país, lo que hace que la propia Unión Europea, a través del Comité de Infracciones del Parlamento Europeo, evidencie situaciones inadmisibles que la Consejería de Medio Ambiente defiende en una inexplicable actitud, contraria a los intereses que debería realmente defender.
En los últimos años, Greenpeace ha denunciado en decenas de ocasiones el abandono de la protección ambiental de Andalucía y su sustitución por campañas de publicidad “verde” que divulgan valores naturales pero que están vacías de medidas reales que preserven el futuro del medio ambiente andaluz.
En octubre de 2008, Greenpeace denunció públicamente en Sevilla que en la última legislatura la política de medio ambiente de la Junta de Andalucía se había devaluado notablemente, y con la excusa de la crisis económica se había convertido en una política más permisiva que da pie a la especulación urbanística o a la contaminación impune. En aquel momento, la Junta sacó adelante la aprobación de la “Ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos”, que ha supuesto la modificación y rebaja de varias leyes relacionadas con la protección ambiental.
La traducción de estas políticas llegan a un extremo tal que, en febrero de 2010, la Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental anunció el trámite de un decreto que pretende rebajar el nivel de protección de los Espacios Naturales Protegidos e imponer los planes urbanísticos (PGOU) de los municipios por encima de las normas de protección de estos Espacios Naturales. Un Decreto que sin duda contenta a empresarios e industria. Al respecto, Ecologistas en Acción ha denunciado incluso que los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han impedido la votación de las alegaciones que presentaron al respecto los representantes ecologistas miembros de las distintas Juntas Rectoras de los Parques Naturales.
En la actualidad, la Junta de Andalucía ha estado más preocupada por menospreciar las opiniones de ecologistas, científicos, políticos, incluso jueces y a allanar el terreno a los empresarios, que por proteger el medio ambiente. Ni el cambio de consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que sustituyó a Cinta Castillo a principios de 2010, ni los malos augurios estadísticos parecen poner freno a estas políticas “ambientales” interesadas que abundan en la Junta de Andalucía.
El modelo de gobierno necesario hacia un desarrollo sostenible real.
La Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro de 1992 marcó las pautas que se consideraban imprescindibles para asegurar políticas medioambientales exitosas hacia un desarrollo sostenible. Entra ellas se destacaba la necesidad de fomentar la cercanía de la sociedad a los gobiernos como única vía de lograr políticas que de manera efectiva protegiesen el entorno, y resolver los problemas y conflictos ambientales.
Por otro lado y de manera global, se ha experimentando un cambio en los procesos de toma de decisiones que están evolucionando desde los de “gobierno” a los de “gobernanza”. La ciudadanía se involucra más allá de los foros de participación más tradicionales, como el voto o la militancia en partidos, y se desarrollan otros lugares o formas de participación, como grupos sociales. Este tránsito de gobierno a gobernanza en las políticas ambientales implica un número creciente de actores implicados en los procesos de decisión, como son las organizaciones sociales.
Han sido muchas las instituciones de todo el mundo que han analizados los aspectos y características relacionados con la buena gobernanza, así como su repercusión en el éxito de las estrategias de desarrollo sostenible.
Bajo este término se incluyen aquellos principios, actitudes, conductas y actuaciones de los distintos gobiernos y organismos públicos, para implicar más a los ciudadanos en los acontecimientos sociales y poner término a los problemas de legitimidad democrática a los que se enfrentan en la actualidad los gobiernos.
Estas conductas o actitudes marcan la manera en que las cosas podrían y deberían hacerse. A partir de este momento se pone sobre la mesa la importancia de mejorar la gobernanza, a través de sus cinco principios (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia), como base para desarrollar políticas ambientales exitosas. Cada uno de los principios resulta esencial para la instauración de un gobierno más democrático.
En esta línea, un buen gobierno incorpora una serie de acciones sin las cuales no es posible que una sociedad avance hacia un desarrollo sostenible real. Entre ellas se encuentran la participación pública en las decisiones, la transparencia y acceso a la información, como indispensables para la generación de confianza.
Dentro de este paquete de actuaciones es imprescindible asegurar la libertad de expresión sin ningún tipo de intervención política y asegurando que las empresas privadas respetan también la libertad de prensa de los medios de comunicación. Otras de las actuaciones indispensables para asegurar una buena gobernanza exigen actuaciones tan básicas como el respeto a las decisiones judiciales, supremacía de la ley o la asunción de responsabilidades y rendición de cuentas.
La evolución hacia este modelo de gobernanza ha propiciado que las administraciones hayan ido incorporando algunos mecanismos de participación en procesos de toma de decisiones, en muchas ocasiones como resultado de la aplicación de la legislación vigente, como la ratificación del Convenio de Aarhus, que entró en vigor en España en 2005. Sin embargo, la legislación se vulnera o se cumple irregularmente, y las administraciones ven la participación como una traba más que como una necesidad. Esta falta de compromiso de una administración deriva en la percepción de inutilidad de los procesos y en reticencias a participar de las organizaciones involucradas, lo que aumenta la desconfianza en las administraciones.
Es imprescindible la convicción de que la sociedad civil incorpora conocimientos y puntos de vista válidos para desarrollar políticas y resolver conflictos. “Desperdiciar la oportunidad de crear auténticos instrumentos de diálogo y participación significa desperdiciar la oportunidad de avanzar en la construcción democrática de nuestras sociedades”.
La actitud de la Junta de Andalucía respecto a los grupos ecologistas críticos en los últimos tiempos ha sido la descalificación de sus argumentos comportándose como si fueran los garantes de la independencia y la objetividad. “A los ecologistas hay que pedirles también una dosis de responsabilidad horizontal. Son un movimiento vertical. Si miramos el medio ambiente desde su punto de vista exclusivamente estamos eludiendo otra parte que es muy importante, que es la sociedad que vive en esos entornos”.
En los últimos años han sido muchas las campañas que Greenpeace ha llevado a cabo en Andalucía, puesto que aquí se acumulan muchos de los casos más graves del Estado español, y cuya evolución hacia una situación más favorable para el medio ambiente y la salud parece bloqueada. La actitud de la Junta de Andalucía, por acción u omisión, podría tener mucho que ver con ello. No deja de sorprender que, por otro lado, la Junta de Andalucía lance campañas de publicidad y divulgación de valores ambientales en contraposición a sus políticas actuales. Nos hemos encontrado en los últimos años con afirmaciones realizadas en medios que faltan al rigor y que favorecen algunos proyectos concretos; el fomento de la influencia de la industria sobre los medios de comunicación ha generado no sólo una opinión más acorde a los proyectos empresariales, sino que ha minusvalorado su impacto ambiental, social y sanitario; el cuestionamiento de las decisiones judiciales, incluidas las declaraciones sobre la intención de esquivarlas.
Ante esta situación se hace necesario modificar la forma de gobernanza de la Junta de Andalucía como única vía posible para alcanzar un desarrollo sostenible real, al margen del uso exagerado e interesado que se hace de este término.
Este informe sirve también para analizar cómo se materializan estas actuaciones en el gobierno de la Junta a través de los casos que se exponen, y quién tiene la obligación de forzar la evolución hacia un modelo de buena gobernanza en Andalucía.
Este análisis se realiza sobre la narración de los acontecimientos históricos, intervenciones y declaraciones de los diferentes agentes involucrados en varios de los conflictos ambientales no resueltos en Andalucía. Caso a caso, se desgrana la respuesta de la Junta de Andalucía ante agresiones ambientales y se evidencia el deterioro de la salud pública y de determinados supuestos Espacios Naturales Protegidos en algunas zonas.
* Ver informe íntegro alojado en... (Enlace...)
Contenidos del informe:
Casos:
1. LA APLICACIÓN ARBITRARIA DE LA LEY DE COSTAS.
Construcción del polígono industrial de Las Aletas (Puerto Real, Cádiz)
2. Licencia para contaminar. Contaminación industrial en la bahía de Algeciras.
3. EL MACROPUERTO INNECESARIO, SOSTENIBLE PARA LA JUNTA. Ampliación del puerto de Tarifa.
4. MALAS PRÁCTICAS FORESTALES EN ESPACIOS PROTEGIDOS.
Destrucción de los recursos naturales en espacios naturales protegidos en Huelva.
5. Contaminación ambiental en Huelva.
Vertido durante 40 años de residuos industriales sobre las marismas del Tinto.
6. EL SÍMBOLO DE LA DESTRUCCIÓN A TODA COSTA.
Construcción de un hotel en la playa de El Algarrobico (Carboneras), en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
7. MINA LAS CRUCES: DEMASIADAS SEMEJANZAS CON AZNALCÓLLAR.
Complejo minero-hidrometalúrgico Cobre Las Cruces (CLC) en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba (Sevilla)
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* A toda la información alojada desde Ibérica 2000, sobre la SALUD MEDIOAMBIENTAL de Andalucía... (http://www.iberica2000.org/es/Busquedas.asp?Palabra=andalucia) (A numerosa documentación...)
>> Autor: silvia3942 (21/10/2010)
>> Fuente: Greenpeace.es
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