EUROPA PIERDE LA PACIENCIA, ANTE LOS CRECIMIENTOS URBANÍSTICOS
La Comisión E. da tres semanas para que se reforme la ley valenciana, antes de ir a la justicia.
Mientras el Gobierno catalán blinda su litoral, sumando 650 hectáreas más a las 23.500 de suelo urbanizable sobre las que ya había prohibido construir, en Málaga, Almería o Murcia se proponen desarrollos intensivos. Y Valencia sigue proyectando nuevos crecimientos de gran tamaño que se proponen sobre suelo no urbanizable; es decir, fuera de planeamiento.
I. DE LA V.
Es el caso de Catarroja, con 22.000 habitantes, que proyecta 12.500; Manises, con 10.000 viviendas más. Llivia, donde se propone hacer 3.000 viviendas, y en Alicante, donde, en plena revisión del plan general, se aprueba un Plan de Actuación Integrada (PAI) —similar a los PAU madrileños— para 15.000 viviendas, según el catedrático de Urbanismo Enrique Burriel. Estos crecimientos se producen fuera de lo previsto en los planes generales de ordenación urbana, que es donde se define de manera ordenada por dónde y cómo debe crecer la ciudad.
La Comunidad Valenciana, además, carece, como la madrileña, de un plan de ordenación territorial que contemple un crecimiento equilibrado del territorio, según Burriel, que es uno de los redactores de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que en 1994 aprobó un gobierno socialista, si bien no pudo desarrollarla porque perdió las elecciones a los pocos meses.
Diez años después, sigue sin el necesario desarrollo reglamentario y ha sido diana de las críticas del Defensor del Pueblo y de instituciones comunitarias no por su contenido, sino por su aplicación. Fue la primera norma en la que se introdujo la figura del urbanizador. Para dinamizar el desarrollo del suelo, se permitía que sin ser propietaria del suelo una empresa pudiera tomar la iniciativa y plantear y gestionar el desarrollo de un suelo rústico hasta convertirlo en urbanizable.
Las denuncias se centran en que la aplicación de la norma ha alimentado un crecimiento intensivo y no ha respetado los derechos de información, audiencia y defensa de sus intereses a los propietarios de suelo.
En este proceso, algunos ciudadanos españoles y del resto de Europa que vivían hace años en zonas rurales y pequeños municipios descubrían de la noche a la mañana que tenían que asumir gastos de urbanización a los que no podían hacer frente o, en otros casos, eran expropiados. Al amparo de ese texto, cuya virtud se defiende —que no de cómo ha sido aplicado—, se han producido atropellos y un desarrollo desmedido, según denuncia la Asociación Abusos Urbanísticos No, que, tras más de 13 años con diversas acciones de protesta por parte de los afectados —llegando en ocasiones a paralizar algún PAI—, decidió recurrir hace tres años a las instancias europeas en defensa de sus intereses. Paulatinamente, han ido sumándose ciudadanos y, según su vicepresidente, Enrique Climent, agrupa ya unos 30.000 asociados y está en contacto con afectados de abusos urbanísticos de otras comunidades que van creando asociaciones y se abriga la idea de crear una federación a lo largo de este año.
Abusos UrbanísticosNo ha sido la impulsora de una reclamación, a la que se han ido sumando unas 18.000 más dirigidas al Comité de Reclamaciones del Parlamento Europeo. Anota como victoria el informe del pasado 5 de diciembre elaborado por la diputada Jeanelly Fourtou, que fue aprobado por el Parlamento con 550 votos a favor y 45 en contra.
En este documento, entre otras cosas, se hace un llamamiento a la Comunidad Valenciana y los municipios por faltas de consideración y respeto hacia los ciudadanos europeos y propone que se inicie un proceso de corrección e indemnización de las injusticias que se hayan cometido y que en los proyectos en curso se tengan en cuenta los derechos ambientales.
Sanción.
Mientras que el informe del Parlamento no es vinculante, sí lo es, en cambio, un dictamen de la Comisión referido a un ámbito de su plena competencia, la regulación de los contratos públicos. Y la directiva que los regula prima sobre la propia legislación estatal, en proceso de adaptación. Concretamente, el comisario Charlie McCreevy concreta que la aprobación de los PAI que contempla la LRAU implica concesión de obra pública y contratos de servicios y no un contrato administrativo. Por tanto, los contratos deberían publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y seguir criterios de adjudicación y selección objetiva e igualdad de oportunidades para los interesados.
Por eso la Comisión ya decidió incoar procedimiento de infracción contra España que notificó el pasado 21 de marzo. El dictamen actual reitera lo planteado entonces. Equivocado o no, España tiene tres semanas para contestar antes de ir a dar cuentas al Tribunal Europeo de Justicia.
El Gobierno valenciano ha elaborado una nueva ley, la Ley de Urbanismo de Valencia (LUV), que se aprobó en las Cortes el jueves, introduciendo, según la Consejería de Territorio y Vivienda, enmiendas al texto que, en su momento, consultó McCreevy y que consideraba no corrige todos los problemas identificados y denunciados en el dictamen de marzo, así como en el actual.
Gentileza de Cercle Obert de Benicalap.
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro.
Información relacionada:
* Aproximación a la presente realidad urbanística que vivimos en Valencia (Enlaces...)
* Ley urbanística Valencia: Eurocámara aboga por moratoria en las recalificaciones
* ¿Existen campos de golf, respetuosos con la Naturaleza?
* A todos los artículos alojados por esta entidad, en Ibérica 2000... (http://www.iberica2000.org/Es/DirectorioAut.asp?Id=495) (A numerosos enlaces...)
* Televisión española. Sábado el 14 de enero 2006.
Programa sobre problemas de las leyes de suelo en la Comunidad de Valencia. TVE1 - Informe Semanal aproximádamente a las 21,30 horas PM.
>> Autor: Alfonso143 (19/01/2006)
>> Fuente: Gentileza de Cercle Obert de Benicalap. Valencia.
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