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Ciudadanos españoles "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA"

(2692)

DESDE MADRID A ESPAÑA...
Medio centenar de colectivos madrileños solicitan a la Ministra de Vivienda la introducción en la futura “Ley del Suelo” estatal de medidas restrictivas al urbanismo descontrolado y fomento de la vivienda pública.

Con motivo de hacerse pública la intención del Ministerio de Vivienda de tramitar una nueva ley que sustituya a la vigente Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998 de 13 de abril, hemos remitido una carta a la Sra. Ministra en la que exigimos la introducción en el nuevo texto de medidas de marcado carácter intervencionista en el sector de la vivienda y el fomento de la vivienda pública como única solución posible al dramático problema de acceso a la vivienda que padecemos los ciudadanos de este país.

Igualmente exigimos la introducción de medidas restrictivas en cuanto a la recalificación de los usos del suelo para la construcción de viviendas, como única solución a la actual situación de crecimiento urbanístico descontrolado que se ha convertido en la principal causa del deterioro de nuestro medio ambiente.

El problema de acceso a la vivienda es la consecuencia de las nefastas políticas en materia de urbanismo y vivienda adoptadas en las últimas décadas por nuestras administraciones que, lejos de adoptar medidas tendentes a garantizar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, están fomentando la especulación en el sector inmobiliario, así como la permisividad con la corrupción urbanística. El porcentaje de vivienda protegida ha descendido del 50 por ciento que suponía hasta 1986, a menos del 10 por cien de la totalidad de viviendas que se construyen en la actualidad, dato que coincide con un espectacular incremento de precios en el mismo periodo.

La vivienda pública es la herramienta más eficaz para frenar la subida de precios y garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y, sin embargo, las administraciones no destinan prácticamente recursos públicos para estas actuaciones, puesto que las escasas inversiones públicas en estas partidas son muy inferiores a los beneficios obtenidos en operaciones urbanísticas (los municipios de la región de Madrid ingresaron 280 millones de euros por subastas de suelo en el año 2002, cuatro veces más de la cantidad destinada a vivienda).

Por otro lado, la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo y Valoraciones, inspirada en el falso postulado “a más vivienda, más barata”, introdujo medidas permisivas para la recalificación del suelo. Estas medidas son, por contra, la causa de la multiplicación de los procesos especulativos del suelo, procesos controlados por grandes empresas del sector e incluso, y cada vez en mayor medida, organizaciones mafiosas o criminales, que buscan su propio beneficio, ajenos por tanto a las prácticas del libre mercado, escasamente transparentes y plagados de irregularidades y delitos urbanísticos, que provocan el incremento artificial del precio del suelo y, consecuentemente, del precio final de las viviendas. La corrupción urbanística y ausencia de transparencia ha sido señalada como la principal causa del problema de la vivienda por el Observatorio de Vivienda. Prueba de ello es que, a pesar de que en la actualidad en España se construye vivienda a un ritmo muy superior que en las décadas de los setenta y ochenta, el precio de la vivienda se duplica cada pocos años.

Pero a su vez, la tendencia liberalizadora del suelo impulsada por la Ley 6/1998, además de provocar la subida del precio de las viviendas, es la causa del problema más grave al que se enfrente en nuestros días el medio ambiente: el crecimiento urbanístico descontrolado y la depredación de suelo. La superficie urbanizada en la Comunidad de Madrid, aumentó entre 1990 y 2000 en un 49,2 por ciento, lo que significa que en tan sólo veinte años se habrá urbanizado la misma superficie de suelo ocupada por asentamientos humanos en la región a lo largo de toda su historia, incluyendo la época de la emigración del campo a la ciudad y el desarrollismo. Este modelo es altamente agresivo con el medio ambiente, ya que se construye lejos de los cascos urbanos ampliando la distancia de los desplazamientos a efectuar entre vivienda y centro de trabajo o equipamientos sociales. El modelo obliga a la utilización del vehículo privado, lo que a su vez lleva a multiplicar el número de infraestructuras, fundamentalmente carreteras, o ampliar las ya existentes. A la degradación que la propia carretera provoca en su entorno, se suma la contaminación de la atmósfera por emisión de gases contaminantes, lo que a su vez aleja a nuestro país del cumplimiento de los criterios impuestos por el protocolo de Kyoto, y que el Gobierno se ha comprometido a cumplir.

Además es imprescindible y urgente la adopción de medias de carácter penal para atacar la delincuencia urbanística, así como un cambio de política fiscal, que incentive el alquiler y grave el uso antisocial de las viviendas vacías y el suelo.

Hemos solicitado a la Sra. Ministra una próxima reunión para tratar todos estos temas, anunciándola que nos movilizaremos en caso de que no sean respetadas nuestras reivindicaciones.

* Toda la información en... (Enlace...)

Insertado por: pamelaamaya (15/11/2005)
Fuente/Autor: prensa@contraespeculacion.org
 

          


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ESCRITO DENUNCIANDO LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA






CERCLE OBERT DE BENICALAP
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO

Dr. Nicasio Benlloch, núm.: 5 – escalera 2, puerta 463

46009 Valencia

Móvil: 645.75.95.91

e-mail: marsegan@hotmail.com















La falta visible de programas públicos locales y autonómicos destinados a la creación de un parque de viviendas de alquiler y de protección oficial, debe ser subsanada con la debida urgencia por los ayuntamientos, contando con la colaboración estrecha de la Generalitat Valenciana y el gobierno central.



El primera paso para conocer la realidad, es crear un inventario detallado y actual de los pisos vacíos que existen en la ciudad de Valencia. Esta medida debe ser acometida por las autoridades locales, activándose medidas de castigo económico para aquellos propietarios que no pongan en venta o alquiler dichas viviendas.



Evitar a toda costa la picaresca, la especulación desproporcionada y las actividades de usura son medidas que deben ser asumidas y desarrolladas urgentemente por las autoridades locales, autonómicas, provinciales, en estrecha colaboración y coordinación con el gobierno central y con las autoridades europeas.



Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, en la ciudad de Valencia hay unas 66.000 viviendas vacías. No es lógico que se potencie, se respalde, se subvencione el sector inmobiliario, permitiéndose la destrucción del patrimonio natural (la huerta) en aras a potenciar un falso y fugaz desarrollo que única y exclusivamente alimenta al sector especulador y no consolida elementos de crecimiento estable y duradero para todos los ciudadanos y habitantes.



El sector productivo ha desaparecido de Valencia, dando paso a los sectores financieros que juegan con el espejismo, con la burbuja de la especulación inmobiliaria como un factor mágico y supuestamente eterno de crecimiento, generador de bonanzas y bienestar crónicos.



La administración pública -tanto local, autonómica como centra-, tienen la obligación de controlar, regular, normalizar y marcar pautas rigurosas destinadas a evitar saturaciones y practicas especulativas, que rozan la legalidad, dado que los factores de crecimiento económico actualmente se basan en la mera especulación y en la total destrucción de industrias y actividades básicas que siempre han demostrado su eficacia y valor.



Castigar con nuevos impuestos a todos aquellos que participen de manera impune en operaciones especulativas a gran escala, es un paso primordial y esencial que deben estudiar y aplicar nuestros gestores públicos con diligencia.



Promover viviendas públicas de alquiler y controlar de manera rigurosa a todas las empresas y negocios inmobiliarios, es el primer paso para que España deje de ser el paraíso de los pelotazos, la desidia industrial y la corrupción permanente.



Invitamos a las autoridades locales a incrementar el IBI en un 100% a los propietarios que mantengan sus pisos cerrados durante un periodo de 12 meses, así como promueven verdaderas Agencias de Alquiler y Ventas a precios asequibles al conjunto de ciudadanos.



Igualmente consideramos esencial que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo controlen y vigilen, de manera estrecha y constante, a todas y cada una de las numerosas empresas inmobiliarias, entidades financieras…, dada la existencia de miles de denuncias y quejas sobre el mal funcionamiento y los irregulares, cuando no pésimos servicios que prestan a clientes y usuarios. Europa y las agencias policiales internacionales consideran que España es el mejor refugio que tiene la alta delincuencia para realizar todo tipo de actividades de blanqueo, siendo lamentable que más de medio millón de mujeres se dediquen a la prostitución bajo el control de ciertos grupos mafiosos internacionales.



La administración pública tiene el deber de controlar, supervisar y fijar los precios de tasación de las viviendas, realizando inspecciones y campañas policiales, fiscales, laborales serias y constantes para evitar el actual desprestigio económico, judicial y social que tiene España en Europa.



Emprender acciones administrativas, políticas y policiales contra las mafias inmobiliarias y contra los grupos que utilizan los negocios del ladrillo para lavar dinero negro, es un deber ineludible. Tanto los ayuntamientos como el gobierno autonómico y central tienen la necesidad de coordinar esfuerzos y diseñar políticas activas para detener y terminar con el caos y desastre económico y financiero que tanta especulación y corrupción urbanística provocan en todos y cada uno de los sectores y áreas que conforman el tejido social, económico y laboral de España.



Mientras no existan programas públicos integrales, que controlen y regulen el mercado inmobiliario, España seguirá siendo el paraíso principal de las mafias, de los delincuentes de todo tipo y de los reyes del pelotazo, condenando a la población anónima a una creciente e imparable precariedad en todos los ámbitos.



Invertir en desarrollo sostenible, potenciar el control y fiscalización de la actividad económica, productiva, educativa… es una labor que no pueda delegar y privatizar ningún gobierno legítimo y soberano. Los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros representantes públicos que pongan los medios, que activen y reserven los recursos humanos, técnicos y económicos para acabar con el caos económico, inmobiliario, laboral, educativo, sanitario, de transporte… que padecemos en España.



Rogamos que el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana proceda a estudiar nuestra queja y sugerencia, invitando a las autoridades correspondientes para que valoren nuestras peticiones en aras a crear un inventario de viviendas vacias que deben ser ofrecidas en alquiler a precios asequibles, castigando económicamente a todos aquellos propietarios que se nieguen.



Igualmente es básico que se potencien unidades de lucha contra la corrupción en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, para iniciar campañas de inspección fiscal y laboral en las numerosas empresas inmobiliarias y financieras que se han creado últimamente, dado que muchas de ellas vulneran sistemática y conscientemente la legislación vigente.



Agradecemos el interés del Defensor del Pueblo Valenciano, rogando que se inviten a las autoridades locales, autonómicos y centrales para promover campañas y programas sistemáticos y coordinados, que permitan controlar y acabar con las altas dosis de especulación desorbitada y obscena que padecemos los ciudadanos de a pie, así como se lucha policial y administrativamente contra las numerosas mafias internacionales que hacen su agosto gracias a la constatable y visible falta de control público en las actividades productivas.





Benicalap – Valencia, a 14 de noviembre de 2005

CERCLE OBERT DE BENICALAP

INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO























Antonio Marín Segovia

Presidente









MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.-
Nombre: -  (15/11/2005) E-mail: -
 

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