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2018, la innecesariedad y la falacia

(1933)

DENUNCIA DE: SALVEMOS PONTEVEDRA. EN GALICIA...
Salvemos Pontevedra ha nacido con la vocación de resolver problemas ambientales exigiendo el cumplimiento de la legalidad. La ría de Pontevedra se está muriendo como consecuencia de la contaminación creciente producida por diversos medios: Ence, Elnosa, la Urbe, el Puerto, etc.
9.2.2006. Tengamos presente que, cuando se dan los primeros pasos para constituir una mesa de concertación entre la Administración autonómica y Ence, alguno de los portavoces sigue jugando con la teoría del 2018, cuando la concesión debe entenderse caducada según se argumenta en este artículo. Es decir, seguimos con el abandono del poder por parte de las autoridades.
Las distintas administraciones tienen información, pero no ejercen como defensoras del medio ambiente. Es más, cuando se les ha querido avisar, solicitando el ejercico de la acción ciudadana, no han querido, de espaldas a la Constitución. La situación de deterioro sigue y no existen buenas esperanzas.

"Salvemos Pontevedra" ha nacido para la defensa, en el ámbito provincial, en asuntos de medio ambiente, derechos humanos y urbanismo; para luchar, en la medida de lo posible, contra los abusos de poder.

Pontevedra, 11.11.2004

SALVEMOS PONTEVEDRA es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
(NOTA DE PRENSA)
Pontevedra, 26 de setiembre de 2004.

EL 2018, LA INNECESARIEDAD Y LA FALACIA.

Asistir al debate de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para solicitar al Gobierno que se pronuncie claramente sobre la improrrogabilidad de la concesión de ENCE, S.A. que finaliza en el 2018, estableciendo el compromiso de que la Xunta de Galicia y la empresa realicen los estudios y trámites precisos para su traslado a partir de esa fecha, es realmente bochornoso.

La estrategia política del absurdo para ocultar el problema de fondo: la innecesariedad de protección del dominio público marítimo-terrestre solicitada por el Grupo Empresarial ENCE, S.A., en Lourizán, que no ha resuelto la Dirección General de Costas.

Ese es el problema, al que hay que añadir que, el 29 de julio de 2018 finaliza el plazo de las concesiones en vigor. Pero el Grupo Empresarial ENCE,S.A.tiene la concesión caducada desde el 2001 por incumplir el art. 137.1.4. del Reglamento de Costas. Este es el problema que nadie afronta. Lo demás son diálogos para besugos y falacias políticas.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la Exposición de Motivos es rotunda al respecto de aquellas actividades cuyo emplazamiento en el
dominio público marítimo-terrestre no sea necesario:
«Se reduce el plazo máximo de otorgamiento -de las concesiones- desde 99 a 30 años, suficiente para la amortización de cualquier instalación».

En el art. 66.2. se matiza: «En ningún caso estos plazos podrán exceder de treinta años».

Y, el art. 131.4.a) del Reglamento determina el plazo para: «Usos que por su naturaleza hayan de estar ubicados en el dominio público marítimo-terrestre, definidos en la letra a) del art. 60.2, o similares: hasta 30 años y, 15 años si se trata de los usos que presten un servicio definido en el apartado b) de dicho artículo».

El apartado 3 dice:
«En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible». Cualquier duda que pueda existir con respecto al plazo concesional queda resuelta en la Disposición Transitoria Decimocuarta, apartado 3 del Reglamento de Costas.

La Ley de Costas es igual de rotunda en materia de disciplina y en la reposición de la legalidad por caducidad.

La intoxicación política resulta más alarmante cuando procede de la ministra de Medio Ambiente. No cabe presuponer desconocimiento de los procedimientos almacenados en la Secretaría de Estado de su Ministerio, pendientes de resolver a SALVEMOS PONTEVEDRA. (25 de setiembre de 2004)."Cristina Narbona anunció en una reunión con empresarios de Vigo que la desafectación de los terrenos en absoluto es posible». Pero ¿por qué obvia el procedimiento judicial?

Cómo interpretar las declaraciones de la ministra, cuando la innecesariedad
-desafectación- solicitada por el Grupo empresarial ENCE, S.A. está recurrida por SALVEMOS PONTEVEDRA ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. (Procedimiento: Recurso Contencioso Administrativo núm. 291/04-IN), contra la desestimación por silencio de la DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS y, están personados como codemandados: EL GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.; Factoría Naval de Marín, S.A.; CIA. DE COORDINACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL, S.L.; GALIGRAIN, S.A.; PROTEA PRODUCTOS DEL MAR, S.A.; ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. y en plazo de acreditación documental la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA.

Los demás emplazados para comparecer ante dicho Tribunal: Concello de Pontevedra y Asociación Pola Defensa da Ría entre otros han desistido, abandonan y, nada tengo que objetar al respecto.

Salvo en cuanto a las declaraciones efectuadas por el portavoz del Concello de Pontevedra: «la junta de gobierno del Concello ha acordado no personarse por cuanto el Ayuntamiento tiene su propia estrategia jurídica en el conflicto de Ence al margen de Salvemos Pontevedra».

Tal declaración merece una explicación pública del alcalde. Suena a
arbitrariedad y eso no es bueno.
SALVEMOS PONTEVEDRA no tiene estrategia jurídica contra ninguna empresa.

La Asociación que presido, ejerce la acción pública prevista en la Ley. Exige a las administraciones competentes la restitución de la legalidad conculcada, urbanística o de Costas y, cuando la respuesta es el silencio o la prevaricación, exige las responsabilidades. Se han acabado los silencios administrativos impunes.

Tengo ante mi, la documentación de «un contaminado» como él se autodenominaba antes de morir: Don Antonio Rodríguez Tourón, a quién le dedico este homenaje.
Él fue quién más dignamente luchó por la restitución de la legalidad en las Marismas de Lourizán; también fue el más despreciado por los representantes públicos (el guinnes de los silencios): Memoria Histórica de Pontevedra y de Galicia
:

Hoy viene a colación el escrito de 22 de agosto de 1988. Antecedentes: «El
4 de noviembre del pasado año, el concejal del BNG Don Miguel A. Fernández Lores, miembro de la Corporación, pide al alcalde una respuesta "amplia y documentada" sobre la situación actual de ENCE-ELNOSA.

El Sr. Fernández Lores consideraba necesarios los datos pedidos para el desenvolvimiento de su labor como concejal.
Deseaba saber:
a). Si empresas que no respetan las normas mínimas sobre contaminación pueden disfrutar de concesiones de terrenos públicos.
b). Qué canon pagan.
c). Qué revisiones sufrieron.
d). Cuantía del impuesto de radicación que satisfacen, o justificación y situación de las exenciones en su caso.
e). Si cumplen la normativa sobre actividades ruidosas, insalubres y contaminantes.
f). Controles que hizo la Administración municipal sobre este cumplimiento.
g). Si fue impuesta en alguna ocasión algún tipo de sanción por este motivo.
h). En caso afirmativo, cuando y como; en caso negativo: ¿cabe interpretar negligencia de la Administración municipal en su deber de velar por el cumplimiento de la normativa en vigor?
i). ¿Le consta al alcalde la existencia de proyecto de obra?
j). ¿Tienen estas obras licencia municipal? En caso negativo, ¿cómo se permite su continuación sin dar la orden de paralización?
k). ¿Existe algún plan de protección civil ante la eventualidad de un posible
accidente?
l).¿Le consta la potencial peligrosidad de las quinientas toneladas de cloro almacenado en ELNOSA?
m). ¿Es cierto que fue informada la alcaldía sobre la futura ampliación de ENCE,S.A?

El tiempo y posiblemente aquellos argumentos de oposición al sistema corrupto hayan contribuido a que el Sr. Fernández Lores ocupe hoy la alcaldía de Pontevedra.

Pero es evidente que el cargo lleva implícita la amnesia política (dificultad de retener los recuerdos ya fijados de concejal). Quizás se trate de una estrategia jurídica y secreta, como la del conflicto de ENCE, para ser aplicada a cada una de las actividades ilegales, clasificadas e incluidas en el Reglamento vigente como NOCIVAS Y PELIGROSAS, ubicadas en las Marismas de Lourizán.


En cualquier caso, hace seis largos años que el Sr. Fernández Lores gobierna en Pontevedra y curiosamente, las mismas empresas que él antaño denunciaba: Grupo Empresarial ENCE, S.A.; ELNOSA; HORPASA; MALVAR etc., son las que continúan conculcando la legislación vigente, contaminando la Ría y la atmósfera y creando un agravio comparativo, insoportable en democracia.

SALVEMOS PONTEVEDRA lo ha denunciado reiteradamente ante el Concello de Pontevedra y ante la Dirección General de Costas, aportando certificaciones expedidas por el Servicio Provincial de Costas, acreditativas de que, dichas industrias carecen de legitimación, concesión administrativa y licencia municipal que les permita desarrollar sus actividades en los
terrenos ocupados: ganados al mar como consecuencia directa de obras.
Es decir: en dominio público marítimo-terrestre, deslindado por O. M. Un bien demanial, inalienable, imprescriptible, inembargable e indesafectable.

(16.1.2005. La noticia de esta fecha en la edición comarcal de Pontevedra, de La Voz de Galicia, aclara alguna de las actuaciones emprendidas ante las diversas Administraciones por Salvemos Pontevedra.)

Fdo. Francisco César Díaz Sánchez DNI.33.785.735T
Presidente de Salvemos Pontevedra


Solicitar cualquier detalle a:
* Francisco Díaz Sánchez, presidente de "Salvemos Pontevedra".
Tfno. 986-847220. Pero, a mayores, su móvil es el 647614355.
Para cualquier información, también podéis contactar con:
xesuslopez@terra.es

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Insertado por: jesús lópez fernández (10/11/2004)
Fuente/Autor: Francisco Díaz Sánchez
 

          


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